Entrevista sobre caso de trabajo forzado, esclavitud moderna y trata de personas en Curicó

Desde Prensa Chiripilko tenemos el honor de traer a nuestra audiencia una importante entrevista - y reportaje - sobre un horrible caso de trabajo forzado, esclavitud moderna y trata de personas en el agro, teniendo su origen en Curicó, región del Maule, y con secuelas en la región nortina de Coquimbo y la región sureña de Los Lagos.

Los hechos que se presentarán en esta entrevista son una reafirmación de la completa existencia tanto de la semifeudalidad, del capitalismo burocrático en un país semicolonial como Chile y de la podredumbre del sistema imperialista a nivel mundial, con su tendencia a reproducir relaciones sociales de producción incluso más atrasadas que el capitalismo como lo son el feudalismo y el esclavismo en pleno siglo XXI.

En esta ocasión, nuestra entrevistada es Carolina Rudnick, abogada y presidenta de la Fundación Libera - contra la trata de personas y la esclavitud en todas sus formas - que trabaja en prevención y combate del delito de trata de personas y otros delitos como manifestaciones de esclavitud moderna, ejemplo el trabajo forzado.

Una de las actividades más importantes que hacen es la asistencia y representación jurídica a víctimas en causas penales, buscando lograr la condena y reparación para las víctimas.

ENTREVISTA

1- Prensa Chiripilko: Sabemos que estás en Curicó a propósito de un caso masivo de trabajo forzado que tuvo su origen en nuestra capital provincial. ¿Cuáles fueron los hechos?

Carolina: El año 2019 investigábamos casos de trata de personas y trabajo forzado en la agricultura. Teníamos muchos antecedentes recopilados con investigaciones de universidades que trabajaban con comunidad migrante y otras investigaciones hechas por académicos y sindicatos sobre la situación de los trabajadores temporeros en los campos y estábamos muy preocupadas de que existiesen casos de esclavitud moderna en los campos.

En el proceso de formar organizaciones, difusión y sensibilización, una ONG de Curicó que trabaja con población migrante se comunica con nosotras sobre que hay un grupo de trabajadores venezolanos que podrían haber sido objetos de explotación. Nos contactamos con la dirigenta espontánea del grupo de trabajadores agrícolas venezolanos y así dimos con todos.

Nos relatan una serie de situaciones donde identificamos inmediatamente todos los elementos para catalogar su experiencia como trata de personas. Fue el año 2018, cuando en Chile se vive un “boom” de la llegada de ciudadanos venezolanos al país, donde un grupo de contratistas agrícolas había reclutado al grupo de venezolanos ofreciéndoles estupendos sueldos - $600.000 pesos al mes -, alojamiento, alimento y regularización migratoria para cosechar arándanos en campos agrícolas de distintas partes del país. 

Esta oferta de trabajo se hizo públicamente con funcionarios de la Gobernación en tres partes de Curicó, destacando el Hotel Raíces, donde se hizo una gran reunión y que fue registrada por la propia Gobernación en su página de Facebook, además de las empresas que organizaban el evento. 

La reunión entusiasmó a los trabajadores migrantes que les pareció “un regalo caído del cielo”. Así fueron trasladados al fundo Tilama, ubicado en la región de Coquimbo y apenas arribaron se dieron cuenta de que las promesas eran falsas, y peor aún, vivieron situaciones que la OIT cataloga como trabajo forzado, sufriendo los trabajadores retención de salarios, amenazas e intimidación, condiciones riesgosas, horas extras excesivas sin pago, maltrato, restricción de movimiento. Luego, desde Coquimbo les trasladan a otros fundos, también de arándanos, al sur del país donde vivieron mayores abusos. Se encontraron con que debían habitar en un container insalubre, con amenazas de despido si no se alcanzaba cierta producción como algo constante; quiénes reclamaron por las malas condiciones fueron castigados a cambiarse de vivienda sin alimentación, y ya en esta zona del país - región de Los Lagos - los trabajadores logran escabullirse para denunciar en la Inspección Laboral de Osorno y Purranque las que gatillan el inicio de investigaciones y los inspectores acuden a los campos. A pesar que los patrones fueron alertados y no permitieron que los trabajadores migrantes se presentaran a trabajar, la Inspección logró detectar infracciones y vulneraciones laborales, multando tanto a los patrones de los fundos como a los contratistas y responsables considerando las vulneraciones muy graves. 

Pero nada cambió para los trabajadores que fueron nuevamente trasladados a Curicó y les cambiaron las condiciones, ahora sin alojamiento ni comida. Les pagaron los sueldos de lo hecho en el sur pero mucho menos de lo que les correspondía. Un grupo de trabajadores ante esto reclamó y fueron despedidos. Así decidieron ir a las Inspección del Trabajo, la que hace una fiscalización y vuelven a multar a las empresas.

Algunos trabajadores buscan asesoría legal para demandar a las empresas pero otros más vulnerables que no se sentían en condiciones de reclamar ya que no tenían casa ni regularizada su situación migratoria ni otra fuente de recursos, permanecen con los contratistas y luego de un mes, los contratistas mienten diciendo que su empresa quebró, entregando $100.000 pesos a cada trabajador y simplemente desaparecen, desalojando sus oficinas.

Entre los trabajadores despedidos, venezolanos y haitianos, son interceptados por un abogado que se hace pasar por buen samaritano pero que era un conocido de los contratistas y logra dilatar la interposición de la demanda hasta que, desesperados los trabajadores lo abandonan y acuden a la defensa laboral para interponer la demanda. A pesar que lograron que se dictaran condenas, no han podido ser efectivas puesto que los contratistas desaparecieron.

Nosotras tomamos el caso y tras entrevistar a los trabajadores y contactar a los temporeros haitianos que también sufrieron lo mismo y desde antes incluso, logramos identificar que el principal contratista era Francisco Mendoza Berríos, quién en conjunto con toda su red desde 2016 captan migrantes aprovechando las olas migratorias, reclutando con ofertas engañosas. Adicionalmente van creando distintas empresas contratistas agrícolas para captar cada vez a más mano de obra.

De hecho logró tener 23 empresas, muchas bajo el nombre de familiares y “testaferros” (personas que prestan su nombre para crear empresas), y con todo esto, en 2020 logramos recopilar toda la información como liquidaciones de sueldo, fotos, videos y más.

Todos estos antecedentes que te describo fueron divulgados públicamente por los trabajadores en reportajes de Ciper y Megavisión el año 2021.

2- Prensa Chiripilko: Mencionaste que la Gobernación Provincial de Curicó está involucrada. ¿De qué forma, eventualmente?

Carolina: En un principio los trabajadores trataron de comunicarse con la Gobernación porque ésta había tramitado los permisos de trabajo de éstos contratistas, con mucha rapidez, y se observaba una relación muy fluida entre empleados de Francisco Mendoza y la propia gobernadora. De hecho, tras los reclamos, la Gobernación no ofreció ningún tipo de ayuda concreta. 

3- Prensa Chiripilko: ¿Cuál es la situación actual judicial del caso?

Carolina: Ya en 2020, con todos los antecedentes e interpuesta la denuncia, aportamos a la Fiscalía más antecedente y pedimos muchas diligencias, especialmente por lo complejo del caso al existir tantos contratistas, la existencia de distintos campos que todos los años recibían a los mismos contratistas y que también tienen responsabilidad en supervigilancia y que se cumplan los derechos de los trabajadores. Denunciamos la potencial participación de la Gobernación y adicionalmente planteamos que hay responsabilidad de las personas jurídicas como de los campos por tolerancia, facilitar y complicidad con respecto a la identificación de lo que ocurría en su interior.

Después de la denuncia, el año 2021 hay un cambio de fiscal. La nueva fiscal - Marcela Rocha Mella - toma el caso, lo revisa, y a pesar de la contundente evidencia, la fiscal dice que ella no considera que el caso es de trata de personas y que cerrará la causa. Nosotras apelamos y entre esas pedimos que se les tomara declaración a las víctimas. Por esto pusimos un reclamo ante el fiscal regional pero éste respaldó a la fiscal local con que no había delito.

Además nosotras presentamos una querella en contra de Francisco Mendoza, sus empleados, socios y sus empresas contratistas, también contra tres campos involucrados, contra la Gobernadora y un funcionario de la Gobernación, todos por trata de personas, lavado de activos y responsabilidad penal de la persona jurídica.

Ya en 2022, en Octubre, a pesar de tomar muchas declaraciones e informes que comprueban nuestras acusaciones, la fiscal vuelve a solicitar el cierre de causa. Y como la causa era tan robusta, decidimos interponer un reclamo ante el fiscal nacional y eso logró la intervención de la unidad especializada que pidió informe al fiscal regional y éste entrega antecedentes. Finalmente la fiscalía nacional intercede para que la local no cierre la causa y nos da la razón de cierta forma. Adicionalmente, el INDH, a quién le habíamos informado del caso, también interpone una querella, por lo tanto, hay dos querellantes en este caso, incluido querella institucional del órgano encargado por ley.

* Prensa Chiripilko: ¿No te parece extraña la insistencia de la fiscalía local y regional de querer cerrar el caso?

Carolina: Sin lugar a dudas ellos han contribuido a que esto no se esclarezca, y así mismo se lo planteamos al fiscal nacional, al que le pedimos cambio de fiscal. No se nos otorgó eso.

En 2023, cuando se había pedido por parte de la fiscalía más tiempo de investigación incluso, en Agosto la fiscal vuelve a solicitar el cierre de la investigación por tercera vez, a pesar de una mayor cantidad de pruebas y diligencias.

Así le exigimos al fiscal nacional pronunciarse sobre nuestra reclamación de cambio de fiscal, porque volvía a ocurrir lo mismo. Han omitido pronunciarse durante un año. Por eso, interpusimos un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago contra el fiscal nacional. Está en curso actualmente.

4- Prensa Chiripilko: Sobre el departamento de extranjería de la Gobernación de Curicó y su presunta participación en este caso de trata de personas ¿tienen antecedentes de otros hechos similares o es un caso aislado?

Carolina: Los organismos internacionales han señalado que la corrupción en casos de trata de personas son frecuentes. Esto porque es habitual que al momento de contratar extranjeros, se requiere intervención estatal, ya que hay que presentar los papeles a la Gobernación, a extranjería y en la captación vemos una constante de participación de funcionarios de la Gobernación y eso debe ser esclarecido, por ejemplo, que los contratistas se reunieron antes con los funcionarios de la Gobernación, y la propia Gobernadora de la época, Macarena Pons (RN). Hay múltiples fotos que respaldan todo esto. Agregar que los empleadores se presentan con nombre falso, como fundación que ayuda a los migrantes.

Quizás de lo que más llama la atención es el hecho de fotografías que revelan que empleados de los contratistas apoyaron en labores para la campaña política de candidatura a la alcaldía que realizó Macarena Pons.

Estos registros que eran públicos, una vez que los entregamos como prueba a la justicia, al día siguiente fueron borrados, lo que es muy sospechoso y peligroso.

Lo otro es que la tramitación de un permiso de trabajo es muy demoroso. Pero en este caso los permisos se entregaron muy rápido, y eso que fue en 2018, año de un gigantesco flujo migratorio en nuestro país. 

Además la Gobernación acusó que los contratos de trabajo de los temporeros migrantes eran falsos, pero rápidamente la PDI esclareció que eran verdaderos. Esto demuestra un actuar errático que reafirman las sospechas sobre el actuar de la Gobernación.

Finalmente considerar que la propia Gobernación realizó boicot con la ayuda hacia los temporeros siendo que en un principio la propia gobernadora Pons la prometió y luego el encargado de extranjería, de apellido Cardemil, niega la ayuda y deja a la deriva a las víctimas.

Se suponía que la Gobernación abriría un sumario pero nunca supimos si finalmente eso se hizo, ya que nadie nos notificó, y eso que han pasado ya más de dos años.

5- Prensa Chiripilko: ¿Qué saben sobre Francisco Mendoza Berríos y su red? ¿Se sabe sobre su situación actual? ¿Y qué responsabilidad le cae a los fundos a los que éste les prestaba servicios?

Carolina: No tenemos antecedentes de él en Chile. Hemos escuchado que estaría fuera del país y que sigue realizando las mismas prácticas de trata de personas, esclavitud y trabajo forzado.

Respecto de los fundos, sobre los antecedentes y evidencias que tenemos hay una clara responsabilidad por su parte.

En la causa no hay imputados, no hay formalización a propósito que la fiscal ha querido cerrar la causa constantemente. 

La subcontratación de mano de obra agrícola es causa y efecto de la existencia de trata con fines de trabajo forzado en la agricultura. Podemos observar patrón que se repite en Chile y en otras latitudes y desde 2011 se tipifica en nuestro país. Caso de 2012 donde CIPER realiza una investigación sobre las presiones que hacen empresarios agrícolas para obtener una visa para trabajadores agrícolas y en ese reportaje, contratistas y trabajadores cuentan como los campos piden explícitamente migrantes “irregulares” o piden contratistas que se hagan cargo sin ningún respeto ni consideración por los derechos de los trabajadores.

La práctica de separar al campo o fundo de lo que le ocurra al trabajador agrícola es una práctica de hace muchos años y que sólo aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores.

La subcontratación de mano de obra agrícola se supone que está regulada por ley y para eso está el Registro Especial de Intermediarios Agrícolas, (art. 92 código del trabajo) donde los mandantes tienen dos derechos y deberes, de información donde deben pedirle al contratista toda la infromación sobre los trabajadores y retención, donde tienen el derecho de retener el pago a los contratistas si es que éstos no les han pagado a los trabajadores.

Por tanto, la normativa de vigilancia y protección de los trabajadores jamás fue ejercida. Además en este caso donde trabajadores logran denunciar en el sur, hay inspecciones, hay informes que dan cuenta que los fundos fueron multados por graves vulneraciones. Todos estos registros públicos evidencian que los campos estaban al tanto de todo y no hicieron nada para mejorar las condiciones laborales de los temporeros.

Lamentablemente estas prácticas se siguen repitiendo en casi todos los campos en Chile, tal como evidencian otras investigaciones, por citar el trabajado de los colegas de Ruralidades Críticas donde en un seminario exponen los resultados de sus encuestas que evidencian las condiciones de esclavitud moderna que establece la OIT.

6- Prensa Chiripilko: Dada su experiencia y al analizar éste y otros casos ¿Podemos afirmar que en la superexplotación laboral en el campo se muestran resabios de sistemas de explotación más antiguos como el feudalismo o, incluso, el esclavismo? ¿Eso no hace cuestionar el concepto de esclavitud “moderna”?

Carolina: El abuso que hay contra los trabajadores en el mundo agrícola por la perpetuación de estereotipos, prejuicios, desigualdades históricas que efectivamente vienen del feudalismo, de la época de los hacendados, esta discriminación estructural es algo global. Colegas nos lo cuentan en base a su evidencia en países como España, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Perú, Costa Rica. 

Por tanto podemos concluir que tenemos un sector económico que funciona en base a la comisión masiva de delitos.

En Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, que uno dice que por ser países desarrollados no pasan estas cosas, pero sí. Que sean desarrollados sólo quiere decir que tienen Elites más ricas. Con suerte puede que tengan un sistema de protección social más fuerte que el nuestro.

Otro aspecto importante es que estos tres países tienen una visa específica para trabajadores agrícolas y por ese mecanismo explotan a las personas. ¿Cómo? Contratan trabajadores agrícolas con una visa sujeta al empleador donde debes mantenerte trabajando por alrededor de dos años con el mismo empleador para que se te pueda regularizar tu situación migratoria. Esto te termina por atar y obligarte a soportar abusos y maltratos.Estás expuesto. 

En Chile tuvimos una visa similar hace poco. Así muchos trabajadores, por ejemplo haitianos no se podían ir.

Estas visas son extremadamente riesgosas porque pueden ser manipuladas por el empleador en desmedro de los trabajadores.

En nuestro país la coacción está dada por la criminalización de la migración, donde hoy en día ser migrante irregular es casi como cometer un delito, por algo se usa la horrible frase de “inmigrantes ilegales”. Y en ese sentido, con gran población de extranjeros irregulares; en este minuto el enganche, la dependencia es una tendencia de carácter económico y adicionalmente, la dependencia y el temor de ser deportados. Van cambiando los mecanismos. Hoy no hay visa sujeta a contrato pero ahora tenemos la expulsión del país.

7- Prensa Chiripilko: Hemos podido constatar que casos como estos ocurren tanto entre trabajadores migrantes como nativos o nacionales. Hay un discurso de intentar dividir y enemistar entre chilenos y migrantes, como por ejemplo que los extranjeros están dispuestos a trabajar lo mismo por menos dinero y eso eventualmente lo usarían los patrones para su beneficio de amasar mayores ganancias. ¿Qué piensas tú de eso?

Carolina: Es lamentable, por muchas razones. 

Primero, la subcontratación ha debilitado el movimiento sindical y debilitan la posibilidad de que el trabajador sepa a quién demandar; el trabajador demanda al contratista que prácticamente no tiene ningún patrimonio y que depende del mandante, que es el eslabón más poderoso de la cadena. Muchas veces no hay un sólo contratista, sino que crean cadenas de subcontratación, lo que diluye aún más la responsabilidad del mandante. Funcionan como verdaderos muros de protección que impiden que el trabajador pueda demandar en caso de abusos a la empresa mandante.

Segundo, tenemos un sueldo mínimo que debe ser respetado, y todos esos anuncios de sueldos a la baja, van en contra de la norma nacional, por eso podemos afirmar que son chantajes. Por lo tanto deben ser categóricamente rechazados. Anamuri y otras dirigencias han planteado tarifario nacional y otras similares para combatir esto.

Debemos considerar, además, que el mundo agro chileno es agroexportador, y que lo sea significa que esa producción llega a los grandes mercados como Europa y de Norteamérica y estos tienen leyes que prohíben la importación de productos elaborados con trabajo forzado. También tienen leyes que responsabilizan a las empresas por vulneración de DD.HH. en sus operaciones y cadenas de suministro.

Con casos como el de Curicó vemos como las empresas están haciendo en Chile lo que se prohíbe afuera. Adicionalmente en un momento en que hay mucho movimiento internacional por la agenda de empresas y DD.HH., donde los empresarios se basan en certificaciones, muy glamorosas y bonitas, como certificación verde, de comercio justo, pero que son realmente de “green washing”, de lavado verde, haciendo parecer que son sostenibles sin serlo realmente.

Aquí hay mucho por hacer, por ejemplo que el Estado sea fiscalizador poderoso, que el sistema judicial condene realmente. 

La trata de personas es super dañina para el tejido social, reforzando la idea que hay gente inferior y otra superior. Por eso necesitamos instituciones robustas. Se requiere, además, que los trabajadores se unan, porque estamos en una situación de David y Goliat.

Existe una ceguera, donde por ejemplo, la esclavitud moderna, lo que tiene de moderna es que está ocurriendo en un momento donde todos tenemos celulares, incluidas las víctimas. La esclavitud es moderna porque vivimos en un mundo moderno. Pero la esclavitud, entendida donde una persona es usada o se goza de sus talentos o se dispone de ella como si fuera una cosa es un hecho y realidad que sigue ocurriendo.

También es esclavitud moderna porque la víctima no está encadenada sino lo que hay es la utilización del miedo como mecanismo de sujeción, donde se atemoriza de varias formas, como deberle el sueldo al trabajador, haciendo que éste no se vaya para no perder el dinero que se le adeuda. O temes ser deportado, o perder la pega en un contexto en que toda tu familia depende económicamente de ti y no hay más ofertas laborales. Así, las empresas tienen un tremendo poder de influencia al ser de las pocas fuentes laborales de un lugar (como los pueblos, villorrios y ciudades en las zonas campesinas y rurales), esa diferencia de poder no debería ser usada a su favor. Pero hoy vemos que hay aprovechamiento en Chile.

No dejamos de sorprendernos del nivel de bajeza, de lo miserables que pueden ser los empresarios para con el temporero que recoge la fruta y que finalmente hará millonarios a los dueños de esas empresas de los mercados internacionales al no considerar los derechos laborales.

Además es una aberración en las supuestas reglas del juego en los mercados “libres” capitalistas, que se supone que deben ser de libre competencia, pero tenemos dumping social. Todo eso implica peores condiciones a los trabajadores en pos que la empresa tenga mayores ventajas.